El mundo enfrenta una cuenta regresiva climática que ya no admite dilaciones. A una década del Acuerdo de París, los compromisos, los avances y las brechas se miden no en discursos, sino en grados de temperatura, impactos reales y decisiones que marcarán el futuro de las próximas generaciones.
En 2015, casi doscientos países acordaron un marco común para enfrentar la mayor amenaza ambiental de la era moderna: el cambio climático. El Acuerdo de París estableció como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, una cifra que, más que un número técnico, representaba una línea de defensa para la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana. Diez años después, esa meta sigue siendo el principal referente, pero el contexto es más urgente y desafiante. Las proyecciones actuales indican que, con los compromisos vigentes, el planeta se encamina a un aumento de entre 2,6 y 3,1 °C, un escenario que multiplicaría los riesgos climáticos, sociales y económicos a escala global.
El año 2024 marcó un punto de inflexión simbólico y alarmante: por primera vez, la temperatura media anual del planeta superó el umbral de 1,5 °C. Este hito no implica que el objetivo esté definitivamente perdido, pero sí confirma que la ventana de acción se estrecha rápidamente. El mensaje es inequívoco: la acción climática dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una urgencia estructural que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo.
El Acuerdo de París como brújula en un mundo más inestable
El significado del Acuerdo de París va más allá de fijar cifras, ya que logró trazar una orientación conjunta dentro de un escenario internacional disperso. Por primera vez, tanto las naciones desarrolladas como las que están en desarrollo aceptaron obligaciones climáticas bajo un mismo marco, acompañado de evaluaciones periódicas y de un principio de mejora continua que exige incrementar la ambición con el paso del tiempo.
Sin embargo, la brecha entre los compromisos declarados y las reducciones efectivas de emisiones sigue siendo significativa. La economía global continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, mientras que los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las crisis energéticas han puesto a prueba la coherencia de las políticas climáticas en múltiples regiones. En este contexto, cumplir con el espíritu del Acuerdo de París exige algo más que planes nacionales: requiere voluntad política sostenida, innovación tecnológica, financiamiento adecuado y una participación activa de actores no estatales, especialmente el sector privado y la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París sigue siendo la brújula que orienta la acción climática global. Pero una brújula, por sí sola, no garantiza llegar al destino. La velocidad y la consistencia del camino dependen de las decisiones que se tomen hoy, particularmente en esta década crítica.
Chile ante el reto mundial: progresos tangibles y un liderazgo destacado en la región
Desde su realidad geográfica y económica, Chile ha buscado posicionarse como un actor relevante en la acción climática, tanto a nivel regional como internacional. Desde 2015, el país ha experimentado una transformación profunda en su matriz energética, impulsada por una combinación de políticas públicas, inversión privada y condiciones naturales favorables.
La inversión en energías renovables se multiplicó por diez en menos de una década, permitiendo que hoy más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. La expansión de la energía solar en el norte del país y el desarrollo de parques eólicos a lo largo del territorio han consolidado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en transición energética en América Latina. A ello se suma el posicionamiento temprano en la industria del hidrógeno verde, con proyectos que apuntan a convertir al país en un proveedor estratégico de combustibles limpios para la descarbonización global.
Estos avances no son fruto del azar. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 se consolidó como un hito institucional al convertir la carbono-neutralidad para 2050 en un mandato de Estado que supera los ciclos políticos. Del mismo modo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 definió objetivos precisos para disminuir las emisiones de CO₂ hacia 2030, fortaleciendo así la señal estratégica de largo plazo dirigida a inversionistas y actores económicos.
El reverso de la crisis: efectos climáticos y la urgencia de adaptarse
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se manifiesta con fuerza en el territorio chileno. La sequía prolongada afecta a cerca del 80 % del país, alterando la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura, industria y ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, evidencian la vulnerabilidad de los paisajes y comunidades frente a eventos extremos que se ven exacerbados por el cambio climático.
Estos impactos han situado en el centro del debate la urgencia de avanzar con igual firmeza en adaptación y resiliencia. Disminuir las emisiones resulta imprescindible, aunque por sí solo no basta. Las políticas climáticas deben prever riesgos, reforzar las capacidades locales y resguardar a los sectores más expuestos, especialmente a las comunidades rurales, los pueblos originarios y los grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC que Chile presentó en la COP30 constituyó un avance significativo. El marco renovado para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e integró con mayor solidez la adaptación, la resiliencia y la justicia social como pilares esenciales de la acción climática. Este planteamiento reconoce que la transición no puede limitarse a lo tecnológico, sino que debe abarcar también las dimensiones sociales y territoriales.
Transición justa y herramientas económicas para el cambio
Uno de los aspectos más significativos de la actualización de la NDC chilena es la inclusión explícita de criterios vinculados a una transición justa, lo que supone admitir que la descarbonización provoca efectos distintos en trabajadores, comunidades y ramas productivas, y que esos efectos requieren ser abordados con anticipación y mediante procesos participativos.
La transición justa procura que nadie quede excluido durante el cambio, impulsando la adaptación profesional, la adquisición de nuevas competencias y la intervención activa de los territorios en las decisiones, un enfoque esencial para mantener el respaldo social a la acción climática y evitar que las políticas ambientales amplíen desigualdades ya existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la incorporación de instrumentos económicos que refuercen las señales de mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la introducción del precio social del carbono buscan internalizar los costos ambientales de las emisiones, incentivando decisiones de inversión más alineadas con los objetivos climáticos. Estas herramientas, bien diseñadas, pueden acelerar la transición al tiempo que generan recursos para financiar medidas de adaptación y protección social.
El rol de las empresas en la acción climática
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La implementación de metas respaldadas por ciencia, la divulgación transparente de las emisiones y la incorporación de la gestión de riesgos climáticos dentro de la estrategia corporativa constituyen pasos esenciales para avanzar en esta ruta. Del mismo modo, la capacidad de las empresas para resistir eventos climáticos extremos se ha vuelto un elemento decisivo para su competitividad y la continuidad de sus operaciones.
En Chile, el trabajo articulado entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha permitido avanzar en este ámbito, pero aún existen brechas importantes. Pasar del compromiso a la implementación requiere capacidades técnicas, financiamiento y una visión de largo plazo que integre a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, participación y corresponsabilidad social
La magnitud del desafío climático exige una transformación profunda de los modelos de desarrollo. Innovar no solo en tecnologías limpias, sino también en gobernanza, financiamiento y participación ciudadana, es indispensable para acelerar el cambio. La acción climática efectiva se construye desde múltiples niveles, combinando políticas nacionales con iniciativas locales y esfuerzos individuales.
La participación ciudadana desempeña un papel esencial en este proceso, ya que al informar, educar y brindar herramientas a la población se fortalece una base social capaz de respaldar las decisiones complejas que demanda la transición, desde la modificación de hábitos de consumo hasta la implementación de reformas profundas en sectores estratégicos de la economía, y sin este apoyo las políticas climáticas pueden quedar expuestas a la pérdida de continuidad o eficacia.
Asimismo, la cooperación internacional sigue siendo un pilar fundamental. Compartir experiencias, transferir tecnologías y movilizar financiamiento climático hacia países en desarrollo son condiciones necesarias para que el objetivo global de 1,5 °C siga siendo alcanzable.
Diez años que transformaron de manera decisiva a Chile y al escenario mundial
A diez años del Acuerdo de París, Chile se encuentra en una posición estratégica. Los avances logrados en transición energética, institucionalidad climática y liderazgo regional ofrecen una base sólida para profundizar la acción en la próxima década. Sin embargo, el margen de error es mínimo. La ciencia es clara en señalar que las decisiones que se tomen entre ahora y 2035 definirán el rumbo climático del siglo.
No basta con asumir compromisos ni destacarse en métricas aisladas; el verdadero reto consiste en cumplir, ampliar y acelerar. Convertir las promesas en acciones tangibles, cuantificables y verificables es la única vía para respetar el espíritu del Acuerdo de París y salvaguardar el bienestar de las generaciones venideras.
La década que se inicia quedará marcada como el punto en que la humanidad decidió, o no, modificar su trayectoria. Para Chile, la posibilidad resulta evidente: encabezar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que disminuya las emisiones, consolide el tejido social y abra nuevas oportunidades económicas. El porvenir climático no se define con declaraciones, sino mediante decisiones adoptadas hoy con urgencia, coherencia y perspectiva de largo alcance.
